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Desarticulando las 110 medidas electorales del PSOE: corrupción

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha planteado 110 medidas que quiere instaurar en el caso de llegar al poder en las próximas elecciones. Ya sabemos que el PSOE, no suele aplicar sus medidas electorales, y conocemos las excusas que pone para no aprobarlas (no hay consenso, son necesarias amplias mayorías, etc).

El partido liderado por Pedro Sánchez se ha caracterizado por acabar cumpliendo las medidas más superficiales y las que, de facto, los españoles aplican en su día a día. Aquellas iniciativas importantes destinadas a modificar el Estado, y cuestionar el statu quo acostumbran a plantearse de manera muy simple y poco detallada.

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En este apartado vamos a analizar tres de las ciento diez medidas propuestas por el PSOE, en este caso las vinculadas a la corrupción.

Lideraremos un Pacto de Estado contra la Corrupción, con una ley integral para prevenir y combatir la corrupción que incluya la protección del denunciante. Artículo 49.

No hace falta ser mayor para recordar cuando el PSOE en los 90, en materia de corrupción, lideraba el número de imputados y casos por encima de cualquier otro partido . La podredumbre a la que le llevó decenas de casos como Filesa, Roldán, Guerra… le hicieron perder el gobierno.

La corrupción récord del Partido Popular, el millar de imputados y la sangría de casos sin fin han servido de pantalla y de excusa para que el PSOE pueda presentarse otra vez como un paladín anticorrupción. No en vano, la protección del PSOE de los culpables de los EREs y la continuidad de los hombres y mujeres de Chaves en el PSOE andaluz solo confirman que donde el PSOE ha tenido un poder continuado en el tiempo han aflorado casos de corrupción.

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La corrupción no es solo económica, en el Estado español se vive una crisis ética y moral en la mayoría de partidos políticos. Discursos incendiarios, imputados en las listas, ausencia de dimisiones, insultos, vejaciones a los rivales son hechos a los que nos hemos acostumbrado y son síntomas junto con la corrupción de algo más profundo que difícilmente tendrán solución con un Pacto de Estado forjado por los mismos partidos que están contaminados por la corrupción.

  1. Fortaleceremos la regulación de la actividad de los grupos de interés.

Un partido poderoso y arraigado en el territorio como el PSOE es el único que no es residual en ninguna comunidad autónoma, por lo que acaba desarrollando una estructura que es un fin en sí misma con la misión de adquirir poder y perpetuarse en el tiempo.

En la anterior legislatura PSOE y Podemos no llegaron para el registro de grupos de interés en el Congreso. Podemos quería registrar a sindicatos y patronal, no así el PSOE. No se llega a ser un partido poderoso sin amigos poderosos y las viejas organizaciones anquilosadas del sistema son socios preferentes, no en vano el PSOE es el único partido cuya ambigüedad le permite ponerse de acuerdo con los sindicatos y la patronal. Esta propuesta es de la suficiente ambigüedad como para poder cumplirla pactando con Podemos o con Ciudadanos.

  1. Estableceremos un marco normativo que premie a las empresas que cuenten con planes de prevención del fraude en los procesos de licitación pública a partir de una determinada cantidad.

Con el gobierno de Rajoy ya hubo dos importantes cambios normativos en materia de contratación pública. Estos cambios afectaron no solo a la administración y a empresas públicas, también afectaron a empresas que administran dinero público pero de gestión privada.

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Estos cambios tienen como objetivo luchar contra la corrupción y facilitar la contratación de PYMES, sin embargo los cambios no suponen un blindaje a la picaresca, es relativamente sencillo dirigir una contratación hacia un contratante preferente, pero el proceso es cada vez más complejo y lento.

No parece el PSOE el candidato ideal para resolver este lío en la licitación de servicios, el estilo del partido socialista acostumbra a redoblar la burocracia. Es necesario evitar las malas prácticas en la contratación de servicios pero que sea necesario un proceso de 4 meses para contratar un servicio es inoperativo, ineficiente y perjudica a toda la sociedad.