PP y PSOE mantienen La Ley de Dependencia en un caj贸n bajo llave

La Ley 39/2006 publicada en el BOE el 15 de diciembre de 2006, de Promoci贸n de la Autonom铆a Personal y Atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia en Espa帽a, m谩s conocida como Ley de Dependencia, es una ley espa帽ola promovida por el expresidente Zapatero con el consenso de todas las fuerzas pol铆ticas.

La ley no fue recurrida por ning煤n partido ni administraci贸n p煤blica al Tribunal Constitucional. Esta ley ven铆a a cubrir un vac铆o en el sistema de protecci贸n social en Espa帽a. Despu茅s de 12 a帽os聽 de su puesta en marcha, la Ley de Dependencia ha sido solo una iniciativa cargada de buenas intenciones, ya que fue mal ejecutada e infravalorada desde el punto de vista financiero.

Dicha Ley es el conjunto de servicios y prestaciones derivadas de la autonom铆a personal, as铆 como a la protecci贸n y atenci贸n a las personas, a trav茅s de servicios p煤blicos y privados-concertados debidamente acreditados. La legislaci贸n define Autonom铆a personal como la 鈥capacidad de controlar, adoptar y tomar por propia iniciativa decisiones personales, as铆 como desarrollar las actividades b谩sicas de la vida diaria鈥,聽y dependencia como 鈥el Estado de car谩cter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la p茅rdida de autonom铆a f铆sica, mental, intelectural o sensorial, precisan de la atenci贸n de otra, u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades b谩sicas de la vida diaria«.

La Ley fue presentada el 5 de marzo de 2006 por el expresidente del Gobierno Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero. El 20 de abril se aprob贸 en el Consejo de Ministros, y el 30 de noviembre fue tramitada de forma definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados con una amplia mayor铆a.

El expresidente Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero interviniendo en un acto por el d茅cimo aniversario de la Ley de Dependencia.

La realidad es que tanto el gobierno central como los gobiernos auton贸micos deben atender lo antes posible a las personas pendientes de recibir lo que necesitan y les corresponde. Sin embargo el sistema p煤blico de dependencia necesita una revisi贸n a fondo聽con un objetivo fundamental: llegar a un acuerdo entre las comunidades aut贸nomas y el poder ejecutivo para equiparar la financiaci贸n, con el fin de que est茅 adecuada a un sistema de protecci贸n social que es necesario (educaci贸n, sanidad y pensiones).

Esta tarea debe llevarse a cabo con acuerdos realistas entre el Estado y las CCAA, teniendo en cuenta los recursos y su disponibilidad. Es decir, todo lo contrario a lo que se ha estado realizando durante la 煤ltima d茅cada. Las razones sociales, demogr谩ficas y econ贸micas que se justificaron hace algo m谩s de diez a帽os siguen siendo una necesidad para nuestra sociedad, incluso m谩s acuciante hoy.

De poco sirvi贸 redactar una ley justa y necesaria si luego ha sido imposible ejecutarla con una financiaci贸n adecuada. Esto es justo lo que pas贸 con la Ley de Dependencia (LD), redactada de una manera tan id铆lica y ambiciosa que se qued贸 en un brindis al Sol al menos hasta el a帽o 2.011, momento en que las copas se rompieron cuando el PP y el PSOE reformaron el art铆culo 135 de la Constituci贸n para priorizar el pago de la deuda creada por la banca privada antes que el gasto social, lo que afect贸 directamente a la Ley de Dependencia.

La redacci贸n del cambio constitucional estuvo liderada por el actual presidente de Gobierno Pedro S谩nchez, ha provocado que el Estado aporte a las CCAA apenas un 15% de gasto p煤blico para la LD, cuando la ley establece que sea el 50%. La crisis, la escasa voluntad pol铆tica y el ajuste en las cuentas p煤blicas han mutilado la ley notablemente.

La Asociaci贸n de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) se帽ala los m谩s de 300.000 dependientes en lista de espera en nuestro pa铆s. La misma Asociaci贸n denunci贸 que en los 煤ltimos cinco a帽os el Estado hab铆a recortado en ayudas a la dependencia por valor de 4.600 millones de euros.

Para cerca de un mill贸n de ciudadanos, seg煤n un estudio de ADGSS, el coste de su situaci贸n de dependencia es imposible de asumir con sus ingresos actuales, por ejemplo puede superar los 1.000 euros para un pensionista que no llega a esa cantidad con su pensi贸n. A su vez el copago de la dependencia ya supera el 20% de la financiaci贸n del sistema.

Jos茅 Manuel Ram铆rez, presidente de la Asociaci贸n de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Una investigaci贸n publicada durante el a帽o 2016 evalu贸 el estado del funcionamiento de la ley y concluy贸 que hab铆a «que mejorar las fuentes de financiamiento, la calidad del sistema de gesti贸n, la coordinaci贸n entre los sistemas sociales y sanitarios, la participaci贸n de la ciudadan铆a en la toma de decisiones y el sistema de evaluaci贸n global continua«. Una tarea muy dif铆cil de conseguir puesto que la financiaci贸n de la Dependencia deber铆a se compartida a partes iguales entre el Gobierno y los Ejecutivos Auton贸micos, algo que no se ha cumplido desde el cambio constitucional del art铆culo 135.

Las comunidades reprochan que llegan a asumir hasta m谩s del 80% de los costes. La declaraci贸n institucional establece que el c谩lculo de las «necesidades reales» para aplicar la Ley de Dependencia se realizar谩 teniendo en cuenta variables como el n煤mero de personas dependientes atendidas, el grado de dependencia, el tipo de prestaci贸n, los dependientes potenciales, y la dispersi贸n territorial.

La gravedad de la situaci贸n de la Ley de Dependencia es brutal: m谩s de 100 personas dependientes fallecen diariamente sin llegar a recibir las prestaciones y servicios que la Administraci贸n que les hab铆a reconocido. Fueron 38.000 muertes durante 2017. Todas esas personas formaban parte de las listas de espera en las que hay m谩s de 310.120 dependientes con derecho a la ayuda, seg煤n el XVIII dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Otras 120.000 est谩n adem谩s pendientes de valoraci贸n.

La Ley de Dependencia establec铆a que el Estado deb铆a aportar un 50% del presupuesto que las Comunidades Aut贸nomas destinan a la ayuda a los dependientes, pero seg煤n el Observatorio en 2017 el Gobierno puso el 20% del gasto p煤blico y las comunidades aut贸nomas el 80% restante. La Administraci贸n General del Estado se hab铆a comprometido a un nivel m铆nimo de financiaci贸n, y adem谩s otro acordado con las administraciones regionales. El primero se redujo en 2012 y ha permanecido congelado hasta finalizar el ejercicio de 2017, mientras el segundo fue suprimido ese mismo a帽o y no se ha recuperado.

Frente a los 2.703 millones de euros que han dejado de recibir las CCAA, se suman otros 1.895 millones de euros que el Estado se ha ahorrado al suprimir las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares entre los a帽os 2013 y 2017. El Gobierno de Rajoy asfixi贸 por completo la Dependencia con recortes.

Existen grandes desigualdades en la gesti贸n de la Ley dependiendo de las Comunidades Aut贸nomas. A una persona dependiente le conviene m谩s residir en Castilla y Le贸n que en Canarias. Si vive en Catalu帽a formar谩 parte de las listas de espera m谩s abultadas del pa铆s, en las que casi un 38% de los que tienen los derechos reconocidos aguardan para recibir la ayuda de la Administraci贸n.

Los Gobiernos Auton贸micos que m谩s han empeorado este 煤ltimo a帽o han sido los de Extremadura, Madrid y Catalu帽a. Desde el 2012 hasta 2015 unas 125.914 personas, que seg煤n la ley deber铆an haber recibido ayudas y no las recibieron, fallecieron. Todos estos recortes que causan muertes, son denunciados por los colectivos implicados, que llevan mucho tiempo poniendo encima de la mesa de las Administraciones P煤blicas sus reivindicaciones para solucionar la situaci贸n. Sin embargo no han sido atendidas con la urgencia que merece el problema.

El actual presidente del Gobierno Pedro S谩nchez cuando alcanz贸 la Secretar铆a General del PSOE, garantiz贸 que si llegaba a La Moncloa recoger铆a el legado de Rodr铆guez Zapatero en materia de Dependencia, aumentando las ayudas. Por ahora no ha cumplido lo prometido.

Pedro S谩nchez apoy贸 desde su esca帽o en el Congreso diferentes iniciativas legislativas que imposibilitaron la aplicaci贸n de la Ley de Dependencia.

S谩nchez criticaba entonces de forma contundente las pol铆ticas de recortes del Gobierno del PP a las personas que m谩s necesitan las ayudas a la discapacidad, pese a que 茅l fue uno de los que redactaron la reforma del art铆culo 135 que ha sido la base legal de la pol铆tica aplicada por Rajoy. S谩nchez tambi茅n ha apoyado los diferentes PGE del PP y la Ley de Estabilidad del Techo de Gasto, que supuso un aumento de los recortes al gasto p煤blico.

Tras m谩s de cien d铆as de gobierno del PSOE, el presidente de la ADGSS (entre otros colectivos y partidos pol铆ticos) apuntan que es una oportunidad para recuperar las pol铆ticas sociales. El colectivo de la ADGSS denunci贸 que en los 煤ltimos cinco a帽os se han recortado las ayudas a la dependencia en 4.600 millones de euros. Las medidas sociales que se pueden llevar a cabo sin modificar los PGE 2018 son:

  • Activar todas las comisiones de trabajo relacionadas con las pol铆ticas sociales, que el Gobierno del PP manten铆a inactivas.
  • Reactivar y cumplir el pacto de Estado de la Dependencia. Para ello ser谩 necesario volver a convocar el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema de la Dependencia, para acordar con las CCAA las medidas de impulso para el acuerdo sobre un nuevo modelo de financiaci贸n, que garantice los derechos de m谩s del mill贸n doscientas mil personas en situaci贸n de dependencia valorada y reconocida, y especialmente los m谩s de 300.000 personas que a pesar de ello, siguen sin recibir la ayuda.
  • Transparencia e informaci贸n, que es una de las quejas que de forma reiterada se hab铆an planteado al Gobierno del PP. El Ministerio no solo guard贸 silencio, sino que en ocasiones escondi贸 informaci贸n (por ejemplo, no existen datos sobre el n煤mero de plazas residenciales o de estancias diurnas para personas con discapacidad en Espa帽a, ni sobre el n煤mero de plazas de acogida para las mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero). Tambi茅n se ha denunciado que otras veces el Gobierno va retrasando de manera incomprensible los datos (hay estad铆sticas con dos y m谩s a帽os de antig眉edad.
  • Iniciar un debate sobre una Ley Estatal de Servicios Sociales para acabar con las extremas desigualdades producidas por el lugar de nacimiento.
  • Comenzar el debate sobre una Ley de Garant铆a de Rentas (Rentas B谩sicas, Rentas M铆nimas, Rentas de Inserci贸n…).

Estas son algunas de las peticiones que la ADGSS ha trasladado al PSOE y a Pedro S谩nchez, qui茅n ahora tiene que cumplir con las promesas que realiz贸 antes de llegar al ejecutivo.

Nu Jurado

El hombre justo no es aquel que no comete ninguna injusticia, sino el que pudiendo ser injusto no quiere serlo. He escrito desde siempre:

Cuentos para talleres de crecimiento personal para adultos, cuentos de ni帽os y todo lo que est茅 relacionado con emociones y sentimientos.
Escribo art铆culos de opini贸n.
Siento pasi贸n por escribir sobre todo lo que est谩 relacionado con DDHH, Feminismo, Injusticias, Abusos de poder...
Muchas veces me veo identificada por cosas que he vivido a lo largo de mi vida. y me arrastra inevitablemente a escribir por todo lo que signifique Igualdad, Justicia y Lucha.
S铆gueme en Twitter: @NuriaJuiba

5 comentarios sobre “PP y PSOE mantienen La Ley de Dependencia en un caj贸n bajo llave

  • el 17/10/2018 a las 01:24
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    A帽adir tambi茅n como un problema el hecho de que las empresas que se presentan para estos contratos, tienen que ser empresas muy grandes, pues tienen que atender al conjunto de los dependientes de esos municipios ofertando el menor coste, por lo cual acaba en manos de los de siempre con mucha facilidad, los que tienen contactos pol铆ticos y que no son empresas especializadas. Su due帽o pica aqu铆 y all铆, en todo lo que puede dedic谩ndose a diversas materias y si tiene contactos pol铆ticos, consigue con facilidad los contratos.

    Tendr铆a que buscarse un sistema que especializara m谩s y as铆 hiciera grupos m谩s peque帽os de usuarios, para conseguir que empresas locales, peque帽as, pudieran intentar acceder a los contratos. O un sistema de cheques, que diera al usuario el poder de decisi贸n de a que empresa quiere darle el dinero. Otra opci贸n ser铆a que los propios ayuntamientos dieran los servicios directamente.

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