Las pensiones, símbolo de la ineficiencia del gobierno

Ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su estudio sobre las pensiones españolas de 2016.

La reforma de las pensiones del gobierno pasó a la historia bajo la etiqueta genérica de “recortes”, sin embargo, la realidad es todavía peor que eso. El gobierno del Partido Popular (PP) desindexó las prestaciones por jubilación del IPC –la inflación, que actualmente se encuentra en el 1,2%- y estableció por ley una subida mínima del 0,25% pero también un máximo de subida de las pensiones: el porcentaje de inflación más un 0,50%. En realidad las subidas máximas están lejos de aplicarse y el gobierno decretó una subida del porcentaje mínimo.

La organización hace sus cálculos tomando como supuesto la entrada al mercado laboral en 2016 de un trabajador a la edad de 20 años, lo que le permitiría jubilarse con la pensión completa a los 65 años en 2061. De esa manera, en 2061, se calcula que los pensionistas que se jubilen ese año cobrarían un 46% del salario medio en “casos extremos” si siguen subiendo al 0,25%. Con todo, estos cálculos siempre son problemáticos, ya que no conocemos cuál será la tasa de desempleo de dentro de 10 o 15 años ni tampoco cuál será el salario medio. Del mismo modo, es cuestionable que el cálculo sea riguroso teniendo en cuenta que está basado en el presupuesto de que un joven de 20 años estaría ya trabajando.

No obstante, el problema de las pensiones y la falta de liquidez en la Seguridad Social es algo real. Si no se buscan ingresos para financiarlas, se seguirán bajando a no se que se cree empleo de suficiente calidad como para que las cuentas de la Seguridad Social salgan a flote. Así, la llamada “hucha de las pensiones” no estaba pensada para pagar las pensiones en momentos difíciles, sino que estaba pensada para pagar las pensiones durante un momento de transición que permitiese a los políticos y burócratas del estado preparar un nuevo sistema de jubilaciones. Pero el PP, aunque presuma de buena gestión, lo cierto es que ya dilapidó el fondo de la Seguridad Social sin plantear ninguna alternativa a la existente. Esta imprudencia no es un error sin solución, sino que es un plan premeditado para que, cuando las cuentas de la Seguridad Social sean realmente insostenibles, se plantee una privatización a gran escala tal y como ocurrió en  América Latina durante los años ’80 y ’90. Y cualquiera que se haya dado un paseo por allí podrá reconocer que no es extraño ver a ancianos mayores de 70 años trabajando de cocineros en restaurantes, de repartidores o en las ferias callejeras. Creo que nadie querrá ese futuro.

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